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La organización participó activamente en la recogida de las firmas necesarias para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea el pasado diciembre
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha solicitado a la Comisión Europea que responda a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) presentada en Bruselas en diciembre para prohibir las pseudoterapias de conversión. Se trata de prácticas destinadas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas LGTBI+ y han sido calificadas como tortura por Naciones Unidas.
El vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, Óscar Rodríguez, ha calificado la presentación de la ICE como un “éxito histórico”. Y es que, según ha explicado, “se ha superado ampliamente el millón de firmas necesarias para exigir su prohibición en toda la Unión Europea”. Por tanto, tal y como recuerda Rodríguez, “este logro interpela directamente a la Comisión Europea que debe responder con una propuesta legislativa coherente con la II Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ+ 2026 – 2030”.
Así se ha manifestado el vocal de Relaciones Exteriores de la Federación durante su intervención en el V Congreso de Empresa y Derechos Humanos, organizado por la Federación Estatal LGTBI+. Durante su ponencia, también ha celebrado la sentencia emitida este jueves por el Tribunal Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha avalado el derecho de las personas trans a ver reconocida su identidad en sus documentos oficiales en los Estados miembros. “Una vez más se demuestra que las herramientas democráticas son firmes en la protección de los derechos humanos”, ha declarado.
El evento, también ha contado con la participación de la presidenta de la organización, Paula Iglesias, que, en este sentido, ha recordado que, “en España, se incumple de manera sistemática el derecho de las personas trans migrantes residentes en el país a ver su identidad reflejada en su NIE, TIE o documentación de extranjería”. “La sentencia de hoy evidencia que los estados miembros que no adecuen los documentados de las personas trans estarán vulnerando el derecho comunitario y, en el caso de España, también el derecho reconocido por la Ley LGTBI+”, ha destacado.
«Existe una tendencia global marcada por una ola reaccionaria internacional pero es posible revertirla»
No obstante, ha defendido que, “aunque existe una tendencia global marcada por una ola reaccionaria internacional, es posible revertirla con compromiso político e institucional, y gracias a una sociedad civil organizada que no está dispuesta a renunciar a sus derechos y libertades”.
En este sentido, Iglesias, ha destacado que “España es un ejemplo de la interseccionalidad que caracteriza a esa movilización ciudadana”. “Y es que la diana del odio está puesta en diversos colectivos históricamente discriminados. Por eso es más necesario que nunca aunarnos en iniciativas como el Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. Una alianza de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos que busca un acuerdo de país que articule una respuesta estructural y eficaz frente al odio y sus consecuencias”, ha recordado.
Por su parte, la directora de Programas del Real Instituto Elcano, María Solanas, también participante en el Congreso, ha confirmado durante su ponencia marco que, en el caso de España, adoptar una Política Exterior Feminista ha consolidado su imagen como actor comprometido con los derechos humanos y la igualdad de género, al tiempo que ha reforzado su liderazgo en foros multilaterales como Naciones Unidas.
Asimismo, ha destacado que esto no es solo gracias a las herramientas de la propia administración del Estado, sino a las organizaciones de la sociedad civil y sus redes, “incluida su contribución en términos de conocimiento, su capacidad de movilizar actores, crear alianzas y ser altavoz de esta política”.
Discursos de odio y la DSA
Durante el encuentro, se ha abordado el cumplimiento de la DSA (Digital Services Act o Ley de Servicios Digitales) en España como uno de los retos a futuro. La Digital Services Act es un reglamento europeo que persigue crear un entorno digital más seguro, transparente y responsable en la Unión Europea y regula cómo deben operar las plataformas online y cómo gestionan los contenidos y los riesgos para las personas usuarias. Aunque es de obligado cumplimiento, España aún no ha aprobado su transposición.
Sin embargo, su implementación es urgente ya que, tal y como ha revelado la investigadora del Grupo de investigación de la cibercultura y los movimientos sociales de la Universidad Complutense de Madrid, Elisa García, “la hostilidad digital no es un fenómeno aislado, sino que se sustenta en tres vectores críticos”. “Estos son la construcción identitaria, donde el antifeminismo opera como elemento de pertenencia; la validación del estatus mediante la reproducción de discursos agresivos y la existencia de una arquitectura digital tóxica donde los algoritmos premian el contenido polarizante y conflictivo”, ha explicado.
Por su parte, la responsable de Políticas Públicas y Desarrollo Institucional de Maldita, Marina Sacristán, ha confirmado que actualmente, “existen narrativas recurrentes que afectan o instrumentalizan al colectivo LGTBI+ y, por otra parte, narrativas desinformadoras en relación al dinero público invertido en el colectivo”. Y precisamente, tal y como ha informado, “una de las claves de la DSA es la diferencia entre contenido ilegal y contenido dañino y el hecho de que las plataformas deben tratarlo de forma distinta”.
La representante de la Comisión Europea en España, Eugenia de la Rosa, ha recordado que la DSA califica la desinformación como un riesgo sistémico y, como tal, obliga a las plataformas a responsabilizarse. Sin embargo, ha declarado que la lucha contra la desinformación es un trabajo de todos los agentes implicados: plataformas, anunciantes, personas usuarias y verificadores.
La jornada también ha contado con la participación de la responsable de Relaciones Institucionales de la Oficina del Parlamento Europeo en España, Julia Borque; el director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Eduardo Merino de Mena; la investigadora Instituto de Políticas y Bienes Públicos, Laura Morales y Rú Ávila Deputy ED Policy & Research Manager de IGLYO.
