El Ministerio del Interior sigue sin habilitar los procedimientos para la adecuación de la documentación de esta parte del colectivo
Con motivo del día de las personas migrantes (18 de diciembre), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (LGTBI+) ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, vía registro, ante el incumplimiento sistemático del artículo 50.1 de la Ley LGTBI+. Además, ha registrado dos preguntas parlamentarias para interpelar al Ministerio del Interior y exigir responsabilidades.
Según la legislación aprobada en 2023, las personas trans migrantes residentes en España tienen derecho a que su NIE, TIE o documentación de extranjería refleje su identidad. Además, tal y como marca la propia ley, los procedimientos reglamentarios para garantizar este derecho deberían haberse habilitado durante el primer año de vida de la legislación.
Sin embargo, la Federación explica que, tras casi tres años desde la publicación de la ley en el BOE, el Ministerio del Interior sigue sin implementarlos. Como consecuencia de esta falta de desarrollo administrativo, existe un bloqueo que vulnera los derechos de unas 65.000 personas.
Por este motivo, la Federación Estatal LGTBI+ ha pedido al Defensor del Pueblo que supervise de manera urgente el cumplimiento de la Ley por parte del Ministerio del Interior y emita una recomendación formal instando a la habilitación inmediata de los procedimientos reglamentarios necesarios. Asimismo, le ha solicitado que requiera información oficial sobre las actuaciones emprendidas hasta el momento y los plazos previstos para garantizar la adecuación documental.
Vulneración de derechos humanos
Ante esta situación, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, incide en que “no estamos ante un simple retraso administrativo, sino ante una vulneración continuada y prolongada de derechos humanos”. “Esta situación contradice frontalmente los principios constitucionales de igualdad, dignidad y no discriminación. También, los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos y protección de las personas LGTBI+”, denuncia.
En este sentido, Iglesias explica que “las personas trans migrantes se encuentran atrapadas en un limbo burocrático que les niega su identidad y las expone a múltiples vulnerabilidades y violencias. Esta situación agrava las dificultades que estas personas ya enfrentan en ámbitos como el empleo, la sanidad, la vivienda o cualquier trámite para el acceso a recursos básicos”. “Por eso, exigimos que se actúe de manera inmediata para frenar esta violencia institucional. La Ley es clara, el mandato es claro y el plazo se ha incumplido”, defiende.
España debería ser un espacio seguro
Tal y como explica la vocal de delitos de odio de la Federación Estatal LGTBI+, Ángeles Blanco, “la situación es crítica porque, ante la falta de reglamentación, las oficinas de extranjería, comisarías y otros organismos se niegan a tramitar las solicitudes de adecuación de documentación alegando falta de instrucciones”.
“En la práctica, además, algunas administraciones están imponiendo un requisito contrario a la Ley: la obtención de la nacionalidad española. Esto vulnera directamente el artículo 50.1, que garantiza este derecho a todas las personas trans extranjeras que acrediten impedimentos legales o de hecho en su país de origen”, alerta.
En este sentido, Blanco recuerda que “muchas de estas personas han tenido que huir de sus países por persecución, criminalización o violencia extrema. España debería ser un espacio seguro. Sin embargo, la falta de adecuación documental las expone a nuevas situaciones de riesgo. No estamos hablando de un trámite, estamos hablando de dignidad, protección y derechos”.
