La Federación Estatal LGTBI+, Triángulo y Chrysallis piden al Gobierno que implemente la Ley LGTBI+ para blindar derechos

El 22 de diciembre se cumple un año de la aprobación en el Congreso de la Ley Estatal LGTBI+

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Fundación Triángulo y la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans* Chrysallis defienden que, “hoy más que nunca, es necesario el despliegue completo de la Ley Estatal LGTBI+ en sus diversos aspectos, registrales, administrativos, estratégicos, educativos, sanitarios o laborales para frenar el odio”.
Así lo reivindican públicamente al Gobierno de España, las tres organizaciones que negociaron el desbloqueo de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en el primer aniversario de su aprobación en el Congreso.

Ante los intentos del Partido Popular de Feijóo y sus socios de Vox de eliminar los derechos del colectivo LGTBI+ en los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas que gobiernan, las tres organizaciones impulsoras recuerdan que la legislación aprobada hoy hace un año es un límite estatal claro. “Debe reglamentarse, desarrollarse e implementarse a máximos para servir de dique de contención ante los discursos y políticas del odio que están promoviendo PP y Vox”, defienden.

Algunos ejemplos de las políticas del PP y Vox son la censura de libros y obras de teatro con contenido LGTBI+; el quitar la bandera LGTBI+ de los consistorios; la eliminación de las subvenciones a toda asociación LGTBI+ y el intento de mutilar las leyes trans y LGTBI+ de Madrid. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha eliminado de las leyes autonómicas madrileñas la educación en diversidad sexual y la formación contra el acoso escolar LGTBIfóbico; ha despenalizado las terapias de conversión contra personas trans y ha socavado la libre determinación de las personas trans que garantiza la ley estatal, especialmente en el caso de los menores.

“En la anterior legislatura luchamos para tener un dique de contención contra el odio”

A juicio de Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, “la ley estatal debe reglamentarse e implementarse a máximos, porque en la anterior legislatura luchamos para tener un dique de contención contra el odio. En la Comunidad de Madrid estamos viendo como el PP de Feijóo intenta recuperar las terapias de conversión a las personas trans y eliminar los contenidos educativos para prevenir el acoso escolar LGTBIfóbico. Pero la Ley estatal nos protege. Y si la señora Ayuso se niega a cumplirla, le pedimos al Gobierno que la haga cumplir porque nos asiste tanto la ley, como la razón contra el odio. No vamos a dar ni un paso atrás”.

Por su parte, José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo, ha indicado que “la pasada legislatura convirtió en ley estatal, con una amplia mayoría parlamentaria, la protección de los derechos de las personas LGBTI, y en especial la atención integral a las personas Trans. El Gobierno debe desplegar en esta legislatura, y en lo que competa a los gobiernos de las diferentes autonomías, una política pública ambiciosa en materia de diversidad sexual y de género. Es una cuestión de justicia social y la mejor manera de combatir los discursos de odio que proliferan desde Vox y que, de manera implícita, respaldan muchos gobiernos del PP. No todos, pero sí la mayoría.

“No existe inseguridad jurídica, ni se criminaliza a profesional alguno”

Asimismo, Encarni Bonilla, presidenta de Chrysallis ha asegurado que “la Ley 4/2023 ha sentado las bases y ha dado legitimidad a las reivindicaciones históricas sobre autodeterminación de las personas trans”. Las 14 leyes LGTBI autonómicas existentes regulan los derechos en algunas de las competencias derivadas que tienen las CCAA, principalmente en educación y sanidad.

“No es cierto que haya que adaptarlas a la ley estatal, no son el resultado de ingeniería social de género, sino del diálogo histórico entre el colectivo LGTBI y los diferentes gobiernos regionales de derechas y de izquierdas. Tampoco existe inseguridad jurídica, ni se criminaliza a profesional alguno. El Partido Popular está cayendo en una peligrosa dinámica blanqueando los discursos de odio y fomentando la violencia contra un colectivo vulnerable. Instamos al Gobierno de la nación a que actúe como garante de los derechos humanos del colectivo LGTBI, con especial atención a la infancia y la juventud trans”, ha defendido.