La Federación alerta de que se ha tratado de un juicio moral a la orientación sexual de una persona que sienta un precedente peligroso
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) considera reaccionaria la sentencia judicial que obliga a pagar a Javier Vilalta por, supuestamente, haber ocultado su orientación sexual a su exesposa.
La resolución declara la nulidad del matrimonio y obliga al acusado a pagar 1.000 euros a la demandante por cada uno de los tres años que duró su enlace. Sin embargo, según FELGTB, el precedente que sienta es lo más peligroso. Se trata de una resolución que atenta contra los derechos fundamentales y judicaliza las orientaciones sexuales no heterosexuales.
La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, denuncia que “se ha juzgado públicamente la orientación sexual de una persona. Esto es ya en sí mismo constituye un acto inconstitucional. Además, la sentencia lanza el mensaje de que cualquiera que tenga una vida sexual fuera de la normatividad puede ser juzgado y condenado”.
“Se trata de una sentencia bifóbica que niega la existencia de la bisexualidad”
FELGTB pone de manifiesto el desconocimiento en relación a las realidades LGTBI de los jueces que han llevado el caso. Y es que, pese a que el acusado se ha declarado abiertamente bisexual, la sentencia habla de homosexualidad. Asimismo, se basa en el hecho de que Vilalta había mantenido relaciones con personas de su mismo género antes de su matrimonio con una mujer, de manera que su relación con ella, no podía ser sincera. “Se trata de una sentencia bifóbica que niega la existencia de la bisexualidad. Ni siquiera la considera una opción”, explica Sangil.
La presidenta recuerda la importancia de la aprobación urgente de la Ley Integral Trans y de Igualdad Social y No Discriminación de las personas LGTBI para garantizar la formación de la judicatura en material LGTBI y que se eviten sentencias motivadas por el desconocimiento.
“Sienta un precedente que atenta contra los derechos de las personas LGTBI y también de las heterosexuales”
Sangil alerta de que esta resolución abre la posibilidad de “volver a fiscalizar el comportamiento sexual previo y posterior de las personas implicadas para motivar los divorcios”. En este sentido, la presidenta declara que “estamos ante una sentencia más religiosa que civil que considera la orientación sexual no normativa como fuente de sanción legal”. “Sienta un precedente que atenta contra los derechos de las personas LGTBI y también de las heterosexuales, ya que posibilita la entrada del sistema judicial a ámbitos privados de una forma intolerable”, asegura.
Noticia de El País que desveló el caso
