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Ante las detenciones y registros que han afectado a más de 300 personas en Turquía en los últimos días
Entidades defensoras de los derechos humanos en España han reclamado este viernes frente a la embajada de Turquía, en Madrid, la liberación de las personas LGTBI+ detenidas por el régimen de Erdogan en los últimos días. Además, han reclamado el final de la represión en el país contra el colectivo, sus asociaciones, los negocios que frecuentan y han exigido sanciones a la UE.
Así lo han manifestado en un acto a pie de calle con motivo de los registros violentos y detenciones que han afectado a casi 300 personas, nueve asociaciones y varios comercios en 15 provincias de Turquía desde el pasado 13 de septiembre.
El pasado fin de semana se produjeron redadas en las principales ciudades de Turquía, entre ellas, Ankara, Estambul, Izmir y Mersin. Alrededor de 162 personas se vieron afectadas en 15 provincias diferentes del país, de las cuales 60 fueron detenidas. Se realizaron registros violentos de domicilios de activistas y de sedes de nueve organizaciones LGTBI+ y de sensibilización sobre el VIH y 13 locales frecuentados por el colectivo. Las autoridades ordenaron bloquear las páginas web y las cuentas en redes sociales de organizaciones y activistas LGTBI+. Además, el 15 de septiembre, la policía detuvo a otras 126 personas durante protestas en Estambul y Ankara contra la operación, mientras que al menos 31 personas fueron enviadas a prisión preventiva.
Han exigido este viernes el establecimiento de garantías procesales reales
Por tanto, las organizaciones sociales españolas han exigido este viernes el establecimiento de garantías procesales reales conforme a los estándares internacionales de derechos humanos que frenen la persecución preventiva y arbitraria. Según han denunciado, estos registros y detenciones atentan contra los derechos de expresión, manifestación, reunión y asociación en Turquía.
Según han alertado, este tipo de acciones violentas no son nuevas. Se extienden en el tiempo desde hace más de dos décadas, coincidiendo con el mandato de Erdogan. El pasado mes de junio, más de 50 personas fueron detenidas durante el Orgullo de Estambul y 8 fueron arrestadas en Ankara. Sin embargo, han apuntado que, en los últimos dos años, el Estado turco ha intensificado la represión contra la población LGTBI+ y ha sumido al país en “una espiral de violencia”.
Además, han denunciado que el gobierno turco utilice retóricas que señalan a las personas LGTBI+ como una amenaza contra la familia o la infancia. Han aclarado que estos discursos son los mismos que emplean distintos líderes ultraconservadores en distintos países, incluido el nuestro, para señalar, estigmatizar y generar odio contra una parte de la sociedad que, además, son personas en situación de vulnerabilidad. Por eso, han condenado este discurso de odio, así como que se utilice para quebrantar las libertades fundamentales. “La diversidad no es una amenaza: es la base imprescindible de una sociedad libre y democrática”, han manifestado.
El papel de Europa
A pesar de los acontecimientos, la UE considera a Turquía un país seguro y sigue destinando fondos para regular los flujos migratorios hacia el territorio comunitario. En este sentido, las organizaciones han insistido en que “la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado ante esta flagrante vulneración de derechos fundamentales”. Así, han pedido a Europa que aplique sanciones y revise sus mecanismos de financiación para garantizar que sus fondos no contribuyan a sostener a quienes atentan sistemáticamente contra los derechos humanos.
“Históricamente, el activismo y los movimientos sociales han sido fundamentales para conquistar y defender derechos. Atacar a las organizaciones sociales supone atacar a la sociedad civil y a quienes se movilizan para garantizar una convivencia pacífica y respetuosa. Quienes formamos parte del activismo y del movimiento comunitario no podemos ser señalados, detenidos o encarcelados por defender la igualdad y los derechos humanos, valores que deberían estar garantizados en cualquier sociedad”, han declarado las personas representantes de la sociedad civil.