Tras un año y medio de trabajo conjunto, el Pacto de Estado frente a los discursos de odio contra grupos en situaciones de vulnerabilidad se encuentra en la fase de redacción de conclusiones, un momento decisivo para garantizar que se configure como un instrumento político eficaz, capaz de dar respuesta a la creciente amenaza que suponen los discursos de odio para la convivencia democrática y los derechos humanos.
En este contexto, las entidades impulsoras han puesto en marcha una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios con el objetivo de trasladarles propuestas concretas y exigir que el futuro acuerdo incorpore medidas reales, efectivas y específicas. La agenda de contactos ha comenzado esta semana con los encuentros con Bildu, Sumar, el Grupo Parlamentario Socialista y ERC, a la espera de la confirmación del resto de grupos parlamentarios.
Las reuniones contarán con la participación de representantes de organizaciones sociales de referencia en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la discriminación, como la Federación Estatal LGTBI+, Oxfam Intermón, Fundación Secretariado Gitano, CESIDA, Red Acoge, Chrysallis, CERMI, Fundación ONCE, CCOO y CEAR. Esta pluralidad de actores refleja el carácter transversal del Pacto, que entiende el odio como un fenómeno estructural que impacta en múltiples colectivos y grupos de población históricamente discriminados y en situación de vulnerabilidad y, por tanto, en el conjunto de la sociedad.
Este proceso tiene su origen en 2023, con la firma del Pacto Social contra los Discursos de Odio por parte de una amplia alianza de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, que sentó las bases de un frente común ante esta amenaza. Desde entonces, se ha logrado un respaldo ciudadano significativo con la recogida de miles de firmas, el compromiso público del Ministerio de Igualdad para impulsar su desarrollo y la comparecencia de distintas entidades en el Congreso de los Diputados para exigir su aprobación. Estos hitos reflejan la consolidación de una demanda social y política clara para avanzar hacia un acuerdo de país que articule una respuesta estructural y eficaz frente al odio y sus consecuencias sobre la democracia y los derechos humanos.
“Este proceso es el resultado de un esfuerzo colectivo de largo recorrido. Ahora que el Pacto se encuentra en la fase de conclusiones, es imprescindible que se configure como un acuerdo sólido y transformador, capaz de reforzar la prevención, garantizar la protección de las víctimas, sancionar las violencias y promover una verdadera sensibilización social”, han señalado las entidades.
Asimismo, advierten que “los datos oficiales y la experiencia en terreno demuestran que el odio en España es cada vez más visible, más organizado y más impune. No podemos permitir que se normalice ni que se utilice políticamente para dividir y estigmatizar. El Pacto de Estado debe convertirse en una herramienta vinculante, con capacidad real de frenar esta amenaza que socava la igualdad, los derechos humanos y la democracia”.
Con esta ronda de contactos parlamentarios, las entidades reiteran la urgencia de que el Pacto de Estado frente a los discursos de odio contra grupos en situaciones de vulnerabilidad se apruebe con un contenido sólido, aplicable y de largo recorrido, situando la protección de los derechos humanos en el centro de la agenda política y blindando la democracia frente a quienes promueven el odio y la exclusión.
Entidades impulsoras: Federación Estatal LGTBI+; Fundación Triángulo; Asociación Chrysallis; CERMI; Fundación ONCE; CESIDA; el Consejo de la Juventud de España; Red Acoge; CEAR; HOGAR SÍ; Fundación Secretariado Gitano; Oxfam Intermón, CCOO y UGT.
NOTA. Alianza de entidades del Pacto contra los Discursos de Odio
