La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) denuncia que, en la actualidad, las personas trans tardan entre 2 y 3 años en poder adaptar su documentación a su identidad. Además, recuerda que se les exige que reconozcan que sufren un trastorno mental y años de terapia y hormonación hasta que médicos y jueces “acreditan” que son quienes dicen ser.
Según la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, “esto es un atentado contra nuestra dignidad y nuestros derechos humanos”. “Los plazos administrativos generan inseguridad y riesgos. Es precisamente durante la transición, cuando las personas trans sufrimos más problemas porque quedamos completamente expuestas a múltiples discriminaciones al no tener cambiada la documentación”, denuncia. Así lo revela también un informe de la Comisión Europea, publicado en junio de 2020, que explica que en el periodo en el que las personas trans no tienen su documentación en función de su género están expuestas a sufrir discriminaciones en el acceso a la salud, a la vida familiar, a una vivienda, y/o el empleo.
Este fue el caso de Diana que, tras superar las tres fases de una entrevista de trabajo, fue seleccionada para un puesto como grabadora de datos. Sin embargo, cuando le pidieron que presentara su documentación para formalizar el contrato y vieron un DNI masculino, la empresa empezó a ponerle problemas. “Me dieron todo tipo de excusas como que iba a suponer un problema en Recursos Humanos. Yo les dije que solo tenían que poner mi nombre oficial en la documentación, pero llamarme Diana, pero me dijeron que lo tendrían que solucionar y que me llamarían. Nunca volvieron a llamarme”, relata.
Derecho de autodeterminación, también para personas extranjeras que residan en España
La presidenta de FELGTB recuerda que las personas sin nacionalidad española que viven de manera estable en España “tienen directamente vetada la posibilidad de cambiar su documentación para que coincida con su identidad, salvo que esperen 10 años hasta nacionalizarse y superen varios obstáculos burocráticos que pueden alargar el proceso varios años más”. Por eso, según Sangil “una de nuestras líneas rojas es que el derecho a ver reflejada su identidad a nivel documental sea recogido por ley también para las personas migrantes, solicitantes de protección internacional, apátridas, víctimas de trata o refugiadas. No podemos dejar a nadie atrás”.
Además, según explica, se trata de un derecho que ya existe en las once comunidades autónomas donde hay ley trans o LGTBI. “Solo habría que hacerlo extensible a las competencias estatales”, reivindica Sangil. Y es que, en la actualidad, se dan casos como el de Leticia, venezolana que reside desde hace tres años en Zaragoza. Tiene su tarjeta sanitaria con su nombre, gracias a la Ley LGTBI de Aragón, pero su tarjeta de residencia con un nombre masculino.
Leticia revela, además, que tener una tarjeta de residencia masculina le genera muchos problemas, sobre todo, a la hora de viajar de cara a pasar los correspondientes controles. “En la seguridad de los aeropuertos tienden a pensar que estoy tratando de hacerme pasar por otra persona o haciendo algo ilegal. Esto me genera mucho estrés y ansiedad. Una vez incluso me llevaron a una sala aparte y me cachearon. Hubo risas. No sabían si tenía que cachearme una mujer o un hombre. Fue muy humillante”, explica.
La identidad de las personas trans, expuesta a la voluntad del funcionariado
Por otra parte, Sangil denuncia que “las personas trans, según la legislación vigente, están completamente expuestas a la arbitrariedad, la voluntad, incluso a la ideología de sanitarios, jueces o del personal administrativo”. En este sentido, la presidenta de FELGTB recuerda que, según la Comisión Europea, “las normas internacionales de derechos humanos apuestan por un procedimiento rápido y accesible para realizar el cambio registral y sin que sea necesaria la intervención de un juez”. “Según la CE, los procedimientos judiciales, además de ser más costosos, siguen cuestionando la capacidad de las personas trans de identificar su propio género”, expone la presidenta.
La presidenta explica que, “actualmente, la Ley 3/2007, en vigor, nos sigue estigmatizando porque tras años de terapia y tratamientos obligatorios y un diagnóstico e informes favorables del personal sanitario, las personas trans tienen que esperar la resolución del juez que les dice si son o no quienes dicen ser”. Alaine, joven trans de 22 años, explica que “es humillante que un señor que no te ha visto en la vida tenga que mandarte una carta que acredite quién eres”.
“Me insistió en que yo era un hombre y que no iba a conseguir lo que quería”
Además, Alaine explica que cuando fue con su madre al Registro Civil de Badajoz para cambiar su género en su documentación, ya con la resolución del juez, la funcionaria con la que se encontraron se refirió a ella constantemente en masculino. “Me insistió en que yo era un hombre y que no iba a conseguir lo que me proponía. Incidió en esto en varias ocasiones y llegó incluso a llamar por la tarde a mi casa para repetírmelo”, relata.
Por su parte, Judit, de Barcelona, acudió por primera vez al médico para iniciar su transición convencida de que encontraría apoyo y acompañamiento en el personal sanitario. “Me llevé una gran sorpresa”, lamenta. “En una primera visita, la doctora me propuso estar tres meses viviendo como una mujer y que después volviera. No entendí para qué serviría eso, pero lo hice. En la segunda visita, había una doctora distinta que empezó a hacer una evaluación de mi expresión de género: por qué vas así vestida, por qué llevas así el sostén”, relata.
“Acabó diciéndome que yo no era trans, que yo era un chico al que le gusta vestirse de chica de vez en cuando y ese fue el diagnóstico. Me quedé en shock y algo en mí se rompió. Me hicieron sentir vergüenza de mi misma y culpa. Volví al armario hasta 6 o 7 años después, cuando las cosas cayeron por su propio peso y, afortunadamente, ya se había creado el servicio catalán Tránsit, donde la experiencia fue muy positiva y me ayudaron a vivir como la mujer que soy”, asegura.
Sangil también reivindica una tercera casilla para que las personas no binarias puedan ver reflejada su identidad de género en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía. “Actualmente, algunas optamos por mantener el sexo registral que nos asignaron al nacer y otras lo cambian al opuesto con el mismo procedimiento que el resto de personas trans, pero ninguna de las dos opciones refleja realmente nuestra identidad”, explica.
