- La Federación Estatal LGTBI+ recuerda que, pese a los avances médicos, las personas que viven con VIH en España siguen enfrentando barreras que vulneran sus derechos y limitan su bienestar integral.
- Reclaman políticas públicas estables, inclusivas y basadas en derechos humanos que aborden no solo la salud, sino también el acompañamiento psicológico, social y comunitario, así como la igualdad en el acceso a recursos y prestaciones.
- Exigen eliminar la discriminación en prevención, tratamientos, seguros y servicios, erradicar el estigma y garantizar recursos públicos suficientes para sostener la salud, la autonomía y la dignidad de las personas con VIH.
Madrid, a 1 de diciembre de 2025. – Con motivo del Día Mundial del Sida, la Federación Estatal LGTBI+ subraya que, pese a los importantes avances alcanzados en las últimas décadas, las personas con VIH en España continúan enfrentándose a obstáculos que vulneran sus derechos y limitan su calidad de vida. En este sentido, recuerdan que la respuesta al VIH no puede abordarse únicamente desde la perspectiva sanitaria, sino que exige políticas públicas integrales, estables y orientadas a garantizar igualdad, dignidad y bienestar a lo largo de toda la vida.
Paula Iglesias, presidenta de la Federación, destaca que “no es admisible que en pleno 2025 sigamos constatando barreras administrativas, discriminación en el acceso a derechos básicos y ausencia de recursos específicos para acompañar la realidad de quienes viven con VIH. La respuesta debe basarse en derechos humanos, no en circunstancias o arbitrariedades territoriales”.
Javier Sotomayor, coordinador del grupo de VIH de la Federación, señala que “muchas personas que viven con VIH desde hace décadas enfrentan problemas de salud mental, soledad y dificultades sociales que no se solucionan solo desde un enfoque médico. Necesitamos políticas públicas que integren acompañamiento psicológico, comunitario y social para garantizar su bienestar integral”.
Por su parte, Manel Mora, también coordinador del grupo de VIH, afirma que “el envejecimiento de las personas con VIH plantea retos específicos de derechos humanos. Muchas personas mayores encuentran barreras para el reconocimiento de la discapacidad cuando proceda, ya que los criterios actuales no contemplan adecuadamente las comorbilidades y particularidades asociadas al VIH, y enfrentan dificultades para acceder a recursos que garanticen su bienestar. Estas limitaciones afectan directamente su autonomía, seguridad y calidad de vida». Por ello, asegura, «es imprescindible implementar políticas públicas sostenidas que aseguren evaluaciones justas, apoyos adaptados y acompañamiento integral”.
Eliminar barreras en prevención y acceso a tratamientos
La Federación reclama eliminar las barreras persistentes en el acceso a la PrEP, que afectan especialmente a las mujeres y a personas migrantes, especialmente a aquellas en situación administrativa irregular. Estas trabas generan desigualdad y comprometen la eficacia de la prevención. Por ello, exigen garantizar acceso universal a la PrEP sin discriminación, facilitar su dispensación extrahospitalaria y proceder a la aprobación e incorporación de la PrEP inyectable en el sistema público de salud.
También señalan la necesidad de actualizar los criterios de discapacidad, ya que muchas personas con VIH enfrentan dificultades para obtener un grado acorde a su situación. Tal como se expuso en el reciente Congreso de SEISIDA, los baremos actuales no reflejan adecuadamente las realidades clínicas, sociales y emocionales derivadas del VIH, dificultando alcanzar el 33% de discapacidad y, con ello, el acceso a derechos y apoyos esenciales.
La Federación denuncia además la discriminación en el acceso a seguros de vida y productos financieros, incluida la contratación de hipotecas. Señalan que no existe justificación médica ni legal para estas prácticas y demandan un marco regulador firme, acompañado de supervisión efectiva, que sancione comportamientos discriminatorios y proteja plenamente a las personas que viven con VIH.
Erradicar el estigma y reforzar recursos públicos
Subrayan que la implementación del Pacto Social contra el Estigma y la Discriminación sigue siendo desigual y, en muchos territorios, insuficiente. Por ello, instan a las administraciones públicas a garantizar su aplicación efectiva y homogénea, así como a reforzar las acciones educativas, sanitarias y sociales necesarias para erradicar el estigma en todos los ámbitos.
Por último, reclaman mayores recursos públicos destinados a prevención, diagnóstico precoz, salud sexual y trabajo comunitario. Recuerdan que las entidades sociales han sido un pilar fundamental en la respuesta frente al VIH y que su labor es indispensable para sostener la igualdad y la salud pública.
«No solo es justo y necesario continuar apoyando a estas entidades con fondos suficientes y estables, sino también situarlas en primera línea de las estructuras y protocolos de intervención, reconociéndolas como agentes clave en la prevención, atención y acompañamiento de las personas que viven con VIH, así como en la promoción de sus derechos y la erradicación del estigma», asegura Iglesias.
“La defensa de los derechos de las personas que viven con VIH no puede depender de debates coyunturales ni de voluntades cambiantes”, insiste. “España debe avanzar hacia un modelo en el que ninguna persona encuentre barreras por su estado serológico, y en el que la dignidad, la igualdad y los derechos humanos estén garantizados sin excepción”.