En un momento en el que los discursos de odio crecen en Europa y los retrocesos democráticos dejan de ser una amenaza para convertirse en una realidad palpable, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, reivindica la defensa de los derechos LGTBI+ como una tarea inseparable de la protección de la democracia. Desde la despenalización global de la homosexualidad hasta la necesidad urgente de frenar los discursos de odio, subraya la responsabilidad de España como referente internacional y recuerda que los avances no están garantizados.
¿Cómo ha evolucionado el activismo LGTBI+ en España en su relación con el exterior en los últimos años? ¿Qué sinergias se han creado y qué aprendizajes se han incorporado desde esa dimensión internacional?
Es una pregunta difícil, pero creo que cada vez —como ocurre en muchos otros ámbitos— las fronteras se difuminan. Lo que sucede en lugares que pueden parecer muy lejanos termina teniendo un impacto directo en nuestros derechos o incluso en posibles retrocesos. Por eso considero que, para una organización referente en España como la Federación Estatal LGTBI+, es fundamental mantener una conexión constante con organizaciones de otros países: para aprender de ellas y para que ellas puedan aprender de nosotras.
Un ejemplo muy claro lo vimos estos días en Copenhague, en el IDAHOT+ Forum. Allí se comentaba cómo un país como el Reino Unido, que hace algo más de una década ocupaba el puesto número uno en derechos LGTBI+ en el Rainbow Map de Europa, ya no solo ha perdido esa posición, sino que ni siquiera está entre los diez primeros. Y esto demuestra que los cambios pueden producirse mucho más rápido de lo que solemos pensar.
En un contexto de aumento de discursos anti-derechos en distintos países, ¿cómo describirías la situación global actual del colectivo LGTBI+?
La situación global, en realidad, no ha cambiado demasiado. Siempre ha sido complicada, aunque a veces podamos tener una visión eurocéntrica y pensar que las cosas están relativamente bien. Sin embargo, incluso en nuestro propio continente vemos cómo los discursos de odio están aumentando; así lo indican nuestros datos en España y también estudios similares en países de nuestro entorno.
Tradicionalmente, los derechos LGTBI+ solo han sido “respetados” en una parte muy pequeña del mundo. Básicamente estamos hablando de Europa. Antes podríamos haber incluido también Norteamérica, pero desde la llegada al gobierno de Donald Trump, ya no podemos afirmarlo con la misma rotundidad.
En el continente africano, el único país del que podemos hablar como un verdadero referente es Sudáfrica, que reconoce derechos LGTBI+, aunque la comunidad siga enfrentándose allí a numerosos desafíos. En Asia la situación es todavía más restrictiva: son muy pocos los países que muestran un respeto sólido hacia los derechos LGTBI+, y el matrimonio igualitario solo existe en tres de ellos.
En Latinoamérica ocurre algo similar: hay luces y sombras. Existen muchas leyes que protegen al colectivo, pero en demasiadas ocasiones no se aplican, o incluso vemos retrocesos. También hay países que han avanzado en derechos que ni siquiera están reconocidos en España, como el caso de las personas no binarias, un ejemplo que suele mencionarse en debates regionales. Sin embargo, con la llegada de gobiernos como el de Javier Milei en Argentina, el colectivo LGTBI+ está sufriendo un deterioro claro, y algo similar podría estar ocurriendo en Chile con la reciente llegada de José Antonio Kast al poder.
Se habla de una “ola reaccionaria” o de un efecto contagio de políticas restrictivas entre países. ¿Está ocurriendo esto actualmente y a qué factores crees que responde?
Creo que, en muchas ocasiones —especialmente en Europa—, el aumento de los discursos de odio es una reacción directa al avance de derechos. Cada vez que se consigue un progreso, aparece un sector de la población que siente que puede perder ciertos privilegios, y eso genera respuestas de rechazo.
También hay personas que llevan tiempo sintiéndose amenazadas por los procesos de globalización. Aunque no sea un fenómeno reciente, sigue generando la sensación de que lo que ocurre en un lugar del mundo afecta inmediatamente a todos, y eso provoca inseguridad. Además, a veces existe un interés claro por parte de determinados poderes en alimentar conflictos entre quienes menos tienen, enfrentando a unos colectivos vulnerables contra otros.
En definitiva, creo que la explicación va por ahí, aunque es un fenómeno demasiado complejo para reducirlo a una sola causa.
El Rainbow Map de ILGA-Europe sitúa a España en la primera posición en materia de derechos LGTBI+. ¿Qué significa realmente ocupar ese lugar en el contexto europeo?
En primer lugar, esto supone una responsabilidad muy grande. Europa es prácticamente una isla de derechos para el colectivo LGTBI+, y eso se traduce en un liderazgo casi mundial. Pero lo más importante para España es asumir esa responsabilidad y entender que se trata también de una llamada de atención: debemos seguir siendo un referente, un faro en el que otros países puedan mirarse para continuar avanzando. Al final, cuando hablamos de derechos LGTBI+, estamos hablando de derechos humanos.
En ese sentido, España tiene que continuar mejorando, tal y como recomienda ILGA en su informe. Quedan áreas importantes por fortalecer, como el reconocimiento de las personas no binarias, que todavía no es una realidad en nuestro país, mientras que otros Estados, nada sospechosos de ser democracias débiles, ya lo han hecho, como Alemania, Malta o Canadá.
También es necesario avanzar en los derechos del colectivo intersex, que sigue enfrentando altos niveles de discriminación. En la ley de 2023 quedaron fuera aspectos que nos hubiera gustado incluir durante el proceso de negociación y tramitación legislativa.
Y, por último, en este momento en el que la Federación está trabajando por la aprobación de un Pacto de Estado frente a los discursos de odio —no solo hacia el colectivo LGTBI+, sino también hacia otros grupos en situación de vulnerabilidad—, es fundamental reforzar todo lo relativo a la reducción de estos discursos tanto en la esfera pública como en los hogares y en la vida privada.
Tras la Iniciativa Ciudadana Europea que superó el millón de firmas para prohibir las terapias de conversión, ¿qué respuesta ha dado la Comisión Europea y qué pasos se esperan ahora?
La verdad es que la respuesta ha sido decepcionante. En la práctica, lo único que hará la Comisión Europea será emitir una recomendación a los Estados miembros. Y aunque eso tiene cierto valor, queda muy lejos de lo que esperaba la ciudadanía europea. Hay que recordar que sacar adelante una Iniciativa Ciudadana Europea no es sencillo: se necesitan más de un millón de firmas distribuidas en al menos siete países, y además cada Estado miembro tiene un umbral mínimo propio. No es lo mismo reunir firmas en Luxemburgo, con una población muy reducida, que en Alemania, el país más poblado de la Unión.
Y, aun así, esta iniciativa logró superarlos con creces: no solo alcanzó los mínimos nacionales, sino que en muchos casos se triplicaron o cuadruplicaron. Esto demuestra que la ciudadanía europea coincide con lo que afirma Naciones Unidas: que estas llamadas pseudoterapias, además de carecer totalmente de validez científica, son una forma de tortura.
Conviene subrayar que esta iniciativa surgió sin financiación alguna y fue impulsada por más de una decena de organizaciones LGTBI+ de distintos países, entre ellas la Federación, que asumió la responsabilidad en España. Precisamente por eso la respuesta resulta aún más decepcionante : la Comisión argumenta que no tiene competencias en esta materia, pero esa afirmación es contradictoria con su propio discurso. En su II Estrategia para la Igualdad de las personas LGBTIQ+ 2026 -2030, una de las prioridades era precisamente erradicar estas prácticas. Y además entra en conflicto con lo dicho por su propia presidenta, Ursula von der Leyen, cuando en su primer discurso sobre el Estado de la Unión afirmó que todas las personas deben ser libres de ser quienes son y amar a quien quieran dentro de la Unión.
Tampoco se han tenido en cuenta las recomendaciones del Comité Económico y Social Europeo ni del Parlamento Europeo, instituciones que instaron a la Comisión a prohibir estas pseudoterapias de conversión. Todo esto, en conjunto, supone un auténtico jarro de agua fría.
¿Por qué crees que sigue siendo tan difícil lograr una regulación común y vinculante en la UE contra estas prácticas consideradas como tortura por la ONU?
Las políticas LGTBI+, en la mayoría de los casos, dependen de cada país. En el contexto de la Unión Europea, son los propios Estados miembros quienes tienen las principales competencias. Y, como señala también ILGA en varios de sus informes, aunque existe legislación europea y decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han impulsado avances, siguen existiendo grandes diferencias entre países. En parte, esto se explica por la orientación política de los distintos gobiernos.
Durante los años de gobierno de Viktor Orbán, por ejemplo, Hungría estuvo prácticamente paralizada en materia de derechos LGTBI+. Algo similar ocurrió en Polonia, aunque durante un periodo más breve. Hoy se observan algunos cambios, como la posibilidad de que parejas del mismo género casadas en otros Estados miembros vean reconocidos ciertos derechos en territorio polaco. Sin embargo, esto solo alcanza a una parte muy limitada de la población: aquella que puede permitirse salir del país para casarse en otro Estado de la UE.
A veces se pretende presentar una Europa occidental frente a una Europa oriental, como si existieran dos velocidades. Pero también vemos países que actúan como motores regionales. Es el caso de Eslovenia, primer Estado de la antigua Yugoslavia en aprobar el matrimonio igualitario, o Estonia, que lo reconoció recientemente entre los países bálticos.
En este escenario, las instituciones europeas, y en particular la Comisión Europea, que hace unos meses publicó su II Estrategia para la Igualdad de las personas LGBTIQ+ 2026 – 2030 , tienen competencias y un importante “poder blando” para presionar a los Estados miembros a fin de que los derechos LGTBI+ sean una realidad en toda la Unión y, por extensión, en el continente. Es fundamental evitar diferencias tan grandes entre países.
Sería importante utilizar mecanismos como sanciones o limitaciones en el acceso a fondos europeos para aquellos Estados que incumplen no solo los derechos LGTBI+, sino también los valores fundamentales que sustentan la Unión, como el pluralismo o el Estado de Derecho. De hecho, estos gobiernos no suelen atacar únicamente al colectivo LGTBI+: también van contra el tejido asociativo, contra quienes defienden el proyecto europeo, contra las personas migrantes, contra minorías étnicas (como la comunidad gitana) y, en general, contra cualquiera que sea crítico con el poder. Lo hemos visto con claridad en el caso del gobierno de Orbán.
El año pasado vimos la prohibición del Orgullo en Budapest. ¿Qué lectura haces de este tipo de decisiones y de la respuesta de la ciudadanía?
Creo que, en este momento, defender los derechos LGTBI+ en Europa —o en cualquier otro lugar del mundo— es defender la democracia. Y, en el caso de la manifestación en Budapest, también era defender la democracia en Hungría y, por extensión, en toda la Unión Europea.
Otro mensaje fundamental, tanto hacia dentro de la propia comunidad como hacia afuera, es que cuando nos unimos somos imparables. No solo demostramos que nos importan nuestros derechos como colectivo, sino también la calidad democrática y el respeto a los derechos humanos en países como Hungría, donde estos valores llevaban años gravemente amenazados.
Esa movilización tuvo un impacto claro en las elecciones húngaras: cuando la ciudadanía pudo votar, lo hizo masivamente para decirle a Viktor Orbán que ya era suficiente y que el país necesitaba un cambio.
Algo similar, aunque distinto, ocurrió en España durante las anteriores elecciones nacionales, que coincidieron con la celebración del Orgullo. Ese grito colectivo de “Vota con Orgullo”, que se escuchó de manera masiva en Madrid y en otros Orgullos del país, mostró cómo la movilización ciudadana influye. Y, de hecho, estudios de la Federación lo confirman: si hoy existe un gobierno de coalición progresista, es en parte porque la ciudadanía en general se movilizó, y muy especialmente la comunidad LGTBI+.
Para cerrar, si tuvieras que identificar el principal reto del activismo LGTBI+ internacional en una sola idea, ¿cuál sería?
Para mí habría dos objetivos fundamentales, aunque uno de ellos es claramente prioritario: la despenalización de la homosexualidad y el resto de disidencias en el mundo. Seguimos luchando por lo más básico: por nuestras vidas y por nuestro derecho a ser. Y este debe ser el primer paso. Además, coincide con las prioridades actuales de España, que, junto con Colombia, lidera la Equal Rights Coalition, una coalición internacional que trabaja precisamente en esta línea.
El segundo objetivo prioritario sería la eliminación de los discursos de odio. No solo los dirigidos contra la comunidad LGTBI+, sino también contra otros grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres, personas migrantes, personas de etnia gitana, personas con discapacidad o quienes profesan distintas religiones. Como decía antes, aquí no solo nos jugamos los derechos humanos y evitar retrocesos en libertades; nos jugamos la salud de nuestras democracias. Incluso en países que sí son democráticos —que, en realidad, son una minoría en el mundo—, debemos impedir que la calidad de nuestras democracias se siga deteriorando.
Y en clave más personal, ya que estamos en el portal de Referentes, ¿qué referentes LGTBI+ internacionales han tenido más impacto en ti?
Como coruñés no me gustaría dejar de nombrar a Tomás Fábregas, figura poco conocida en nuestro país que jugó un papel muy importante en la defensa de los derechos de nuestra comunidad en Estados Unidos, en particular de las personas con VIH en los años 80. También el año que viene conmemoraremos el 50 aniversario de la primera manifestación por las calles de Barcelona y, en ella, participó otra mujer valiente de mi ciudad, Trinidad Falcés. Gracias a ella y a muchas otras activistas anónimas, hoy podemos vivir en un país libre, diverso y democrático. En cuanto a referentes contemporáneos me gustaría destacar la labor de defensores de los derechos humanos en lugares como Turquía o Kazajistán. Figuras como Enes Hocaoğulları o Zhanar Sekerbayeva nos recuerdan que, a nivel internacional, el derecho a ser y a existir como personas LGTBI+ todavía está por conseguir.
