Las recientes agresiones y cacerías contra vecinos y vecinas de origen migrante en Torre Pacheco (Murcia) representan un grave atentado contra los derechos humanos y la convivencia democrática. La Federación Estatal LGTBI+, junto a un amplio conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos, denuncia el aumento de la violencia alentada por discursos de odio que se difunden y normalizan en distintos ámbitos sociales y políticos.
Estas acciones, que vulneran la dignidad y la igualdad de las personas, son la manifestación extrema de una amenaza creciente que no solo afecta a la comunidad migrante, sino también a personas racializadas, gitanas, LGTBI+, feministas, sindicalistas y defensoras de derechos humanos.
En los últimos días, vídeos y testimonios han mostrado cómo grupos neonazis y de extrema derecha persiguen por las calles de Torre Pacheco a personas magrebíes, incluidas familias y menores, utilizando como pretexto una agresión para extender el odio y la violencia. Estas escenas, que recuerdan a los momentos más oscuros de nuestra historia, son, según las organizaciones convocantes, la consecuencia directa de discursos políticos y mediáticos que fomentan la polarización y la criminalización de comunidades enteras por su color de piel, religión u origen.
Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, asegura que “lo que hemos visto en Torre Pacheco no son hechos aislados ni reacciones espontáneas, son el resultado de una estrategia organizada que alimenta el miedo para socavar la democracia. Cuando se persigue a personas migrantes por las calles, se está atacando los pilares fundamentales de nuestro Estado de derecho. Y si lo permitimos, si nos quedamos calladas, mañana la diana será otra: las personas LGTBI+, las feministas, las racializadas, las gitanas, y cualquier colectivo que no encaje en su esquema excluyente.”
Las entidades convocantes recuerdan que los derechos humanos son indivisibles y que defenderlos para quienes llegan a nuestros barrios es defenderlos para todas las personas. En este sentido, Iglesias subraya que “la violencia contra la población migrante forma parte de la misma red que también nos amenaza a quienes defendemos la igualdad y la diversidad. No podemos permitir que el odio se extienda impunemente. Las instituciones tienen la obligación de garantizar la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía, investigando y juzgando a quienes financian y organizan estas agresiones.”
El manifiesto conjunto elaborado por las entidades firmantes insta al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y al conjunto de las administraciones públicas a actuar con valentía, investigando estos hechos como lo que son: crímenes organizados que buscan quebrar la convivencia, y a reforzar las políticas públicas de inclusión y cohesión social, únicas garantías para proteger la democracia y prevenir nuevas violencias.
Además, las organizaciones exigen la aprobación inmediata y el despliegue efectivo de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables, herramienta imprescindible para frenar el auge del odio que legitima estas violencias. Este pacto debe incluir medidas integrales que aborden la prevención, la educación en derechos humanos, la persecución legal de los discursos y delitos de odio y el apoyo a las víctimas, para garantizar una respuesta coordinada y contundente desde todas las instituciones.
“La democracia no se defiende sola. Necesitamos instituciones firmes ante la intimidación y una ciudadanía movilizada. Este jueves saldremos a la calle para decir con fuerza: basta de odio, basta de miedo. Queremos barrios y ciudades donde quepa todo el mundo”, concluye Iglesias.
La concentración será el jueves 17 de julio a las 20:00 horas en la Plaza de Callao de Madrid. Las organizaciones convocantes hacen un llamado a toda la ciudadanía para construir un país donde la convivencia, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas estén por encima de cualquier intento de dividirnos.