Durante la jornada “Nuevas tendencias en delitos de odio”, la Federación reunió a personas expertas y representantes institucionales que coincidieron en la urgencia de actuar ante el aumento de la violencia LGTBIfóbica y la falta de respuesta estructural.
Madrid, 8 de mayo de 2025. – La Federación Estatal LGTBI+ ha advertido este jueves, durante la celebración de la jornada “Nuevas tendencias en delitos de odio”, que el odio hacia las personas LGTBI+ “se ha vuelto más visible, más organizado y más impune”. Así lo ha expresado David Armenteros, vicepresidente de la organización, quien ha reclamado la creación urgente de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables.
“No basta con reaccionar ante cada agresión, necesitamos actuar desde la raíz”, ha asegurado Armenteros. En este sentido, ha defendido que este Pacto debe servir para coordinar recursos, planificar estrategias a medio y largo plazo, y garantizar una atención eficaz a las víctimas. “Llevamos años alertando de una situación que, lejos de mejorar, se agrava. No lo decimos solo desde la observación, lo dicen los datos”, ha sentenciado.
Según la encuesta Estado LGTBI+ 2024, elaborada por 40dB para la FELGTBI+, unas 350.000 personas LGTBI+ han sido agredidas física o sexualmente en España desde 2019, y más de 1,1 millones han sufrido discriminación en los últimos cinco años. A pesar de ello, solo el 16,5% de las víctimas denuncia los hechos, lo que evidencia una preocupante infradenuncia motivada por las barreras estructurales que dificultan el acceso a la justicia.
Respuesta integral desde las instituciones
Por su parte, Aina Calvo, Secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, ha subrayado durante su intervención que, si bien hemos avanzado en materia de derechos, casos como “el asesinato de Samuel marcó un antes y un después, y vino a poner en evidencia que no solo son palabras, sino que las palabras importan, y que el lenguaje vertebra la forma en la que percibimos la realidad y cómo nos posicionamos en ella”. Por ello, ha añadido que “cuando el odio se instala, la acción también responde. Y la acción puede llegar a acabar con vidas, como fue el caso de Samuel”.
En este sentido, Calvo ha renovado el compromiso institucional de “mantener en la agenda ministerial el compromiso de manera incansable, de tener la mano tendida a toda propuesta, a todo el activismo, a todas las organizaciones, a todas las personas que trabajáis en esta agenda” para seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Uno de los ejes centrales de la jornada ha sido el análisis de los retos jurídicos para abordar el odio LGTBIfóbico en el contexto actual, tanto en España como en Europa. En este bloque, personas expertas del ámbito jurídico y político han reflexionado sobre las carencias del sistema y las oportunidades para reforzar la protección de derechos del colectivo.
Ángeles Blanco Díaz, vocal de Delitos de Odio de la FELGTBI+, ha alertado de que “cuando se legitima el discurso de odio, el paso a la acción es un paso corto”, y ha subrayado que el discurso de odio no solo es un atentado contra la dignidad, sino también una forma de violencia que puede desembocar en delitos. Blanco ha insistido en que “el derecho es un arma muy poderosa, pero la educación es mucho más fuerte”, ya que, según Blanco, “el derecho interviene cuando todo lo demás ha fallado”. En este sentido, ha reclamado un enfoque interseccional en las políticas públicas para abordar la violencia de manera integral y ha exigido una mayor inversión en recursos específicos para la atención y protección de las víctimas.
María Jesús Raimundo Rodríguez, fiscal adscrita a la Unidad contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, ha alertado sobre la baja tasa de denuncias y la revictimización que experimentan las personas durante los procesos judiciales: “el 80% de los delitos de odio no se denuncian porque muchas víctimas no confían en el sistema”, ha señalado. Por ello, ha explicado, “este año hemos puesto un esfuerzo especial en cambiar esta realidad. Cuando recibimos una denuncia, nos aseguramos de orientarla hacia una investigación que identifique una posible motivación por LGTBIfobia”.
Javier Fernández González, responsable de políticas LGTBIQ de la Comisión Europea, ha asegurado que, actualmente, en el marco de la Unión Europea, “existe una obligación para que todos los Estados miembros tipifiquen los delitos de odio relacionados con el racismo, la xenofobia y la discriminación por motivos de género. Sin embargo, esta obligación no se extiende a otras formas de discriminación, como la LGTBIfobia”.
La incorporación de una tipificación específica para los delitos de odio basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales en los códigos penales de los Estados miembros es, sin embargo, “un tema complejo para algunos países”, ha explicado. A pesar de que se están dando avances en la ampliación de esta prohibición, su implementación a nivel de todos los Estados miembros sigue siendo un proceso complicado, debido a las diversas diferencias políticas, sociales y culturales que existen en el seno de la UE.
El odio cotidiano también deja cicatrices
La Federación Estatal LGTBI+ ha recordado que, a través de servicios como la Línea Arcoíris, recibe cada semana testimonios de personas que han sufrido violencia verbal, física o institucional motivada por su orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales, aunque muchas de estas agresiones no aparecen en los titulares.
“El odio no siempre se manifiesta en lo extremo. Está en el insulto en clase, en la discriminación laboral, en la amenaza en redes. Para frenarlo, hace falta acción, coordinación y responsabilidad institucional. El silencio no puede ser una opción”, ha concluido Armenteros.
Esta actividad forma parte del programa Servicio estatal de información, investigación y sensibilización para la prevención de delitos de Odio por Orientación Sexual e Identidad de Género (SEIIS) subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.